Wednesday, May 30, 2018

LA NUEVA COYUNTURA Y LAS OPCIONES LIMITADAS PARA EL PRESIDENTE RE-ELECTO NICOLAS MADURO


El desconocimiento de la legitimidad del proceso electoral del 20 de mayo por parte de Henri Falcón y el otro candidato presidencial importante de la oposición, el evangélico Javier Bertucci, no presagia bien para el nuevo periodo del presidente Maduro. La consolidación de un bloque moderado dentro de la oposición representado por Falcón que reconoce la legitimidad del gobierno, hubiera restado influencia a los partidos radicales de la derecha y significado un mayor grado de estabilidad en el país al disminuir la polarización.

Maduro necesita capital político y cierto apoyo desde fuera del movimiento chavista para poder enfrentar los problemas apremiantes, como la inflación de cuatro dígitos, un deterioro muy pronunciado en el nivel de vida tanto de los sectores populares como de la clase media, y una pobre gerencia en la industria petrolera con el resultado de una baja en la producción.

Dos tareas urgentes se vislumbran como desafíos de grandes proporciones: la profundización de la lucha anti-corrupción que empezó en la segunda mitad de 2017con el nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General; y la necesidad de implementar una política económica para que los precios de los productos, incluyendo la moneda extranjera, guarden alguna relación con lo establecido en el mercado y también con los costos de producción. Los productos y servicios como la gasolina, el gas, y los boletos del metro de Caracas son casi gratis, mientras que las tarifas cobradas por la empresa estatal telefónica CANTV no se quedan muy atrás. 
Dada la polarización intensa, medidas gubernamentales audaces y necesarias como estas probablemente generarán resistencia popular y burocrática que la oposición podría explotar. La posición hostil de Washington, como también los países vecinos de Venezuela y la Unión Europea, agrava la volatilidad.  En agosto de 2017 el gobierno de Trump prohibió la compra de bonos del Estado venezolano y la repatriación de las ganancias por parte de la empresa CITGO ubicada en los EEUU, y luego impidió las transacciones de la criptomoneda venezolana llamada el Petro. 
En febrero de este año los partidos de la MUD se retiraron de las negociaciones con el gobierno de Maduro llevadas a cabo en Santo Domingo a pesar de varias concesiones y cierto optimismo acerca de la posibilidad de un acuerdo. Según Maduro, la decisión se debió a la presión de Washington. La denuncia por parte de portavoces de Washington al gobierno de Maduro de ser una tiranía y un Estado narco podría haber influenciado a la MUD de llamar a la abstención, aún después que el secretario general de Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup anunció su candidatura presidencial en enero. Los únicos partidos importantes que terminaron participando en las elecciones fueron COPEI y el MAS, los cuales apoyaron a Falcón.  
Venezuela Dividida en Tres
El desconocimiento de Falcón de los resultados del 20 de mayo estaba muy lejos de ser inevitable. Por cierto, Falcón emergió como un líder nacional cuando reconoció su propia derrota en las elecciones gubernamentales del 15 de octubre de 2017, en contraste con la posición asumida por otros candidatos de la oposición ese mismo día. Un acontecimiento concurrente pareció señalar una grieta irreparable dentro del bloque de la oposición, que durante las últimas dos décadas había generalmente desconocido la legitimidad del gobierno de Hugo Chávez y Maduro. Cuatro de los cinco gobernadores, todos pertenecientes a AD, desobedecieron la orden de su partido al juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 
Las tensiones y diferencias marcadas entre la oposición radical y Falcón se manifestaron durante la campaña. Diosdado Cabello dijo a José Vicente Rangel: “Lo peor que dijeron acerca de Falcón no lo dijimos nosotros, lo dijo la oposición.” En un ejemplo de insultos, dos periodistas renombrados a nivel internacional – Andrés Oppenheimer y Jaime Bayly – llamaron a Falcón un doble “traidor” por haber roto con Chávez después de ser elegido gobernador de Lara en 2010, y luego haber roto con Henrique Capriles después de servir como jefe de su campaña en las elecciones presidenciales en 2013. 
Atrás de este conflicto entre los anti-chavistas, hay un hecho que llama la atención: Políticamente, Venezuela ahora está dividida en tres campos, no dos – la oposición radical, los Chavistas y un campo medio que carece de una dirigencia bien organizada. Este tercer campo firmemente se opone a las protestas tipo guarimba llevadas a cabo en 2014 y 2017 que resultaron en la paralización del tráfico urbano y violencia callejera. Estos venezolanos están igualmente opuestos a las sanciones económicas impuestas por los EEUU con el apoyo de la oposición radical. De acuerdo con la encuestadora Hinterlaces, 71 por ciento de la población está en desacuerdo con las sanciones internacionales para remover a Maduro de su cargo. El “terreno medio”, que está especialmente bien definido sobre el tema de la violencia, fue el espacio ocupado por Falcón durante la campaña.   
En este momento, la prioridad de Maduro es minimizar los efectos de las sanciones y la resistencia ilegal a su gobierno con el fin de lograr un grado de estabilidad para poder implementar reformas económicas difíciles. El día después de las elecciones, Trump, como fue esperado, emitió una orden ejecutiva que endureció las sanciones financieras; pero la fuente verdadera de alarma es la posibilidad de un embargo petrolero que actualmente está siendo estudiado por los Departamentos de Estado y Hacienda y también el Consejo de Seguridad Nacional. También, el día después de las elecciones se produjeron disturbios callejeros en varias ciudades, señalando la posibilidad de una repetición de la guarimba a nivel nacional en un momento en el cual Venezuela está más aislado internacionalmente que hace un año.   
La “Guerra Económica”
El asunto de las sanciones impuestas sobre Venezuela tiene el potencial de unificar una parte importante del país y al mismo tiempo aislar a la oposición radical, que apoya esas medidas. Pero para que eso ocurra, el gobierno tiene que mejorar su estrategia comunicacional documentando con evidencia bien fundamentada sobre las maneras en las cuales las sanciones están afectando al país. La retórica de los chavistas gobernantes tiende a enfatizar la “guerra económica” en abstracto, sin ir más allá de las consignas y sin presentar información concreta. 
Los líderes radicales tajantemente niegan que las sanciones tengan algo que ver con las dificultades económicas que aquejan al país, que ellos atribuyen exclusivamente a las políticas erradas de Maduro y la corrupción. Otros reconocen que las sanciones complican las cosas para el gobierno, pero alegan que han tenido un efecto “limitado”. Sin embargo, los errores gubernamentales, por una parte, y las perturbaciones económicas políticamente motivadas, por otra parte, no son mutuamente excluyentes. 
Hay mucha evidencia para refutar el alegato de la oposición radical que el impacto de la “guerra económica” es mínimo. En un artículo en Foreign Policy – durante muchos años dirigido por Moisés Naím – el principal asesor en política económica de Falcón, Francisco Rodríguez, planteó que las sanciones han infligido considerable daño. El señala que las compañías venezolanas como CITGO no han podido “solicitar crédito de comercio rutinario desde que las sanciones fueron impuestas” y que esas medidas corren el riesgo de “convertir la actual crisis humanitaria en una catástrofe humanitaria total”.
De igual o mayor importancia que las sanciones en sí es el mensaje que las órdenes ejecutivas emitidas por Obama y Trump transmiten al capital privado. Ninguna empresa norteamericana puede ignorar la gravedad de una declaración del presidente de su país que dice que un gobierno extranjero representa “una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional” norteamericana (en las palabras de Obama), o que alega que está involucrado en el narcotráfico y el lavado de dólares. Estas declaraciones necesariamente han contribuido a la desinversión, que ha hecho tanto daño a la economía venezolana. 
Similarmente, el periódico El Miami Herald reveló que el presidente de la Asamblea Nacional y uno de los líderes de la oposición radical Julio Borges sistemáticamente ha contactado bancos a nivel mundial para realzar la efectividad de las sanciones impuestas por los EEUU. Borges advirtió que las instituciones financieras que “están haciendo negocio con una dictadura que viola los derechos humanos” se convierten en “cómplice” y que perjudicaría sus “imágenes”, lo que podría ser interpretado como una amenaza velada. 
 Uno de los efectos de la campaña de Washington contra Venezuela es el éxodo empresarial de los años recientes, que incluye a Clorox, Kimberly-Clark, Ford, Colgate Palmolive, General Mills, y General Motors. Aunque las compañías echan la culpa al gobierno de Maduro por su decisión, los motivos políticos y económicos en situaciones de esta naturaleza siempre son mixtos y difíciles, por no decir imposible, de desglosar. Los chavistas ven al éxodo como una expresión de la guerra económica. Cuando Kellogg’s cerró  sus operaciones en Venezuela pocos días antes de las elecciones del 20 de mayo, Maduro comentó que los ejecutivos de la empresa “piensan que la gente se va a asustar” y dejar de votar por él. 
El reconocimiento del problema de la ineficiencia, la corrupción y la gerencia deficiente no debe restar del reconocimiento que el hostigamiento de Washington ha tenido un gran impacto sobre la economía venezolana. La industria petrolera es un buen ejemplo. El Fiscal General Tarek William Saab ha documentado las prácticas no éticas en la industria, que ha resultado en la detención de numerosos ejecutivos de alto rango de la empresa estatal PDVSA. Pero la empresa también ha sido víctima de las sanciones, que afectan sus relaciones con las empresas de servicios petroleros, como Baker Hughes, Halliburton, Weatherford, y Schlumberger. Para evitar una relación directa con PDVSA, estas empresas norteamericanas ahora están trabajando a través de firmas intermediarias que usan los equipos y el personal de las empresas grandes, mientras que toman una tajada de las ganancias de Venezuela. Al mismo tiempo, Chevron, que es la única multinacional petrolera norteamericana importante en Venezuela, se ha abstenido de hacer inversiones significativas. 
Los Moderados versus la Oposición Radical
Después de las elecciones del 20 de mayo, varios portavoces de la oposición hicieron un llamado en favor de la unidad de los anti-chavistas. Laidy Gómez, la gobernadora adeca de Táchira, declaró: “Este no es el momento para culparse unos a los otros. Tenemos un enemigo en común.” Sin embargo, lograr la unidad no será fácil dada la profundidad de las diferencias que separan a los que apoyaron la abstención el 20 de mayo y a los que abogaron por la participación.  
Una mirada a las diferencias arroja luz no solamente a las grietas que separan a los “moderados” de los “radicales”, sino también las diferencias entre los venezolanos comunes sobre asuntos principales en la política venezolana. El contraste entre los dos campos también sugiere la factibilidad de una convergencia o entendimiento, aunque sea tácito, entre los chavistas y los “moderados” de la oposición, por lo menos sobre asuntos puntuales. 
La abstención versus la participación.  La oposición radical en Venezuela, el gobierno de Trump y una gran parte de los medios comerciales califican el proceso electoral venezolano como “fraudulento”, refiriéndose específicamente a la manipulación en el escrutinio de los  votos. La oposición ha usado continuamente el término “fraude” de forma ligera y poco precisa. Sin embargo, el sistema electoral venezolano se basa en procedimientos simultáneos manuales y electrónicos, como también en la auditoría de más de cincuenta por ciento de los centros de votación. Además, el 20 de mayo, como en las elecciones del pasado, los representantes de los candidatos de la oposición firmaron las actas que validan el proceso. Los portavoces de la candidatura de Falcón, conscientes que el uso del término “fraude” desalentaría la participación electoral, limitaron sus críticas más que todo al ventajismo, como, por ejemplo, en referencia a las transmisiones de los medios estatales de comunicación.    
Las objeciones de Falcón el 20 de mayo no fueron enfocadas en la manipulación en el conteo de votos, sino en la manipulación de los votantes. Falcón apuntó a la violación de normas electorales, incluyendo prácticas deshonestas en cuanto a la asistencia de los ancianos e incapacitados en el acto de votar y el hecho que algunos toldos chavistas conocidos como “puntos rojos” fueron ubicados dentro del perímetro de 200 metros. La única acusación que puede haber alterado significativamente los resultados fue la promesa a un bono a personas que votaron (aunque el secreto del voto nunca fue seriamente cuestionado). 
No a la impunidad. La oposición radical abiertamente apoya la purga del aparato estatal, supuestamente con el fin de erradicar la corrupción a todos los niveles. En contraste, la estrategia de Falcón fue claramente diseñada para ganar el apoyo de los chavistas descontentos. Falcón se comprometió con decretar la inamovilidad laboral en la administración pública al mismo tiempo que su partido indicó que si fuera elegido, consideraría la posibilidad de mantener a Vladimir Padrino López, como Ministro de Defensa. El anuncio de la posible permanencia de Padrino López fue posiblemente diseñado para calmar a los oficiales de la FFAA preocupados por las declaraciones de algunos radicales referentes a la “complicidad” de los militares y por la posibilidad de una limpieza de la institución.
La vía al poder. La decisión de la oposición radical de llevar a cabo un boicot electoral refleja su escepticismo acerca de la factibilidad de lograr sus objetivos, incluyendo las reformas neoliberales estructurales, por medios electorales. Al comienzo de 2016 cuando una campaña estaba en marcha para recoger firmas para un referéndum revocatorio, el partido Voluntad Popular, dirigido por Leopoldo López, abogó por una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Los líderes de Voluntad Popular mantenían que la remoción del presidente y la elección del otro no asegurarían el logro de los cambios que el país necesitaba. 
Subyacente a la posición de línea dura sobre las elecciones fue la estrategia de deshacer los cambios implementados por Chávez y su reemplazo con el neoliberalismo estilo “shock treatment”. La posibilidad de resistencia popular tenaz a los cambios de esta naturaleza no podía ser descartada. Entre las políticas contempladas fue la privatización de los sectores básicos de la economía, una medida que fue prohibida por la constitución vigente. Este esquema, que implicaba un sacudón y enfrentamientos,  contrastaba con el discurso de Falcón que enfatizaba los cambios pacíficos y manifestaba preocupación de que el boicot electoral podría conducir a un desenlace violento. 
“La solidaridad internacional”. Falcón y los portavoces de su campaña expresaron  reservas, aunque tímidamente, acerca del énfasis de la MUD sobre el apoyo internacional para su causa y, con firmeza, se opusieron a la intervención militar extranjera en Venezuela, mientras que insinuaban que aquellos dirigentes que promovieron el boicot electoral dejaron abierta esa opción. En las palabras del líder histórico de COPEI Eduardo Fernández “La solidaridad de la comunidad internacional con Venezuela es algo que debemos apreciar, valorar y agradecer. Pero eso no puede hacernos olvidar que, al final, la solución de los problemas venezolanos nos corresponde a nosotros, los venezolanos”. Su hijo Pedro Pablo Fernández, un dirigente nacional copeyano, declaró después de las elecciones “Nosotros condenamos las restricciones contra la economía, contra Venezuela, porque las sufrimos todos los venezolanos”. 
Las Opciones Limitadas de Maduro
José Vicente Rangel, quien ha ocupado varias posiciones importantes en el gobierno de Chávez, ha sido, durante mucho tiempo, el defensor más insistente de la política de promover un diálogo con sectores de la oposición. (Esta estrategia no obvia medidas que inspiran y movilizan la base chavista y las clases populares en general.) Diferencias sobre este asunto se manifiestan en la rivalidad dentro del Partido Socialista Unido (PSUV) entre las dos corrientes principales encabezadas por Maduro y Diosdado Cabello, quien representa la línea dura en cuanto a las relaciones con la oposición. Algunos líderes de la tendencia de Cabello esperaban que él fuera candidato presidencial del partido, una proposición formulada públicamente por Francisco Ameliach, ex gobernador de Carabobo.  En los meses recientes, la corriente de Maduro ha sido fortalecida a costa de otras tendencias internas como resultado de la campaña anti-corrupción acometida por el Fiscal General Tarek William Saab. 
La llamada de Maduro a un diálogo nacional no es nueva. Por cierto, la propuesta data de los meses de las protestas de guarimba en 2014. Sin embargo, el surgimiento de un nuevo polo dentro del campo de la oposición como resultado de la candidatura de Falcón realza las posibilidades que la propuesta surta efecto. Enrique Ochoa Antich, quien apoyó la candidatura de Falcón, manifestó la voluntad de los participantes de su campaña de aceptar la propuesta de Maduro. La campaña de Falcón fue un acto de equilibrio al demostrar a la oposición que no fue blando en sus críticas al gobierno, y al mismo tiempo tratar de atraer a los chavistas descontentos. En este momento no está clara la posición que va a asumir Falcón hacia el chavismo y la oposición radical.

Las formulas neoliberales presentadas por Falcón, que incluyen las privatizaciones masivas sin ninguna garantía que no van a abrir las puertas al capital extranjero, acuerdos con el FMI y la dolarización de la economía, son incompatibles con la orientación del gobierno en política económica. Pero hay un asunto clave que puede conducir a un acercamiento entre los dos lados. Si Maduro trata de vincular la estructura de precios en el país a las condiciones del mercado con el fin de controlar la inflación desenfrenada, va a necesitar apoyo político y tal esfuerzo estaría perfectamente compatible con las posiciones de Falcón. 

Las opciones de Maduro son limitadas dado el aislamiento internacional de Venezuela, la gravedad de la situación económica y el grado de descontento en el país. Las soluciones a los problemas apremiantes requieren medidas audaces; Maduro tiene que aprovecharse de un momento en el cual la oposición está desmoralizada. En el pasado, Maduro no ha actuado contundentemente en momentos favorables, pero después de cinco años en la presidencia, quizás ha aprendido la importancia de actuar con premura tomando en cuenta los factores políticos. En los próximos días, será evidente si eso es el caso o no.  

Originalmente publicado en NACLA: Report on the Americas.
Versión en español en Aporrea.org: https://www.aporrea.org/actualidad/a264126.html







VENEZUELA’S MAY 20 ELECTIONS: WHERE DO THINGS STAND?


“NACLA: Report on the Americas” – posted May 24, 2018
by Steve Ellner

The announcement by defeated presidential candidate Henri Falcón that he would not recognize the legitimacy of Venezuela’s May 20 elections was that day’s main news item. Nicolás Maduro’s reelection was generally expected, though his 68 percent of the vote was higher than what most polls predicted. Similarly, the 52 percent abstention among registered voters came as no surprise as the main parties of the opposition grouped in the Democratic Unity coalition (MUD) called for an electoral boycott. 


The refusal by Falcón and the other main presidential candidate, evangelist Javier Bertucci, to recognize the electoral results bodes poorly for Maduro’s new term as president. The consolidation of a moderate bloc within the opposition which recognizes the government’s legitimacy would have significantly cut into the strength of the more intransigent, or radical, parties on the right and provided Venezuelan politics with much needed stability. 
Maduro is in need of political capital and a degree of support from outside the Chavista movement in order to tackle such pressing problems as four-digit annual inflation, an appalling deterioration in the standard of living of both popular and middle sectors, and oil industry mismanagement resulting in a decline in production. Two urgent tasks loom as major challenges: the deepening of the efforts to combat corruption that began in the latter months of 2017; and bringing the nation’s officially set prices, including foreign exchange rates, within closer reach of production costs and market prices. Products and services such as gasoline, cooking gas and Caracas’ metro fare are virtually free while the rates charged by the state telephone company CANTV are not far behind. 
Given the nation’s intense polarization, bold and necessary government measures such as these, which tend to generate popular or bureaucratic resistance, will be exploited by the opposition. Contributing to the volatility is the hostile position assumed by Washington as well as Venezuela’s Latin American neighbors and the European Union. In August the Trump administration prohibited the purchase of Venezuelan state bonds and Venezuelan-owned CITGO’s remittance of profits and then banned transactions involving Venezuela’s new cryptocurrency, the Petro. 
In February of this year, the parties of the MUD pulled out of negotiations with the government conducted in Santo Domingo in spite of various concessions and optimism that an agreement could be reached. According to Maduro, the decision was a response to pressure from Washington. The Trump administration’s characterization of the Maduro government as a tyrannical dictatorship and a veritable narco-state undoubtedly also influenced the MUD to call for an electoral boycott, even after Acción Democrática (AD) secretary general Henry Ramos Allup announced his presidential candidacy in January. The only important parties in the opposition camp that ended up participating on May 20 were the social-Christian COPEI (one of the nation’s main historical parties) and the Movimiento al Socialismo (MAS), both of which backed Falcón.  
Venezuela’s Three-Way Split 
Falcón’s refusal to recognize the electoral results on May 20 was far from inevitable. Indeed, Falcón emerged as a major national leader on October 15, 2017 when he acknowledged his defeat in his bid for reelection as governor of Lara, unlike the position assumed on that day by other opposition gubernatorial candidates. A concurrent event appeared to signal a major break-off from the “disloyal,” radical opposition, which over the previous two decades had for the most part denied the legitimacy of the Hugo Chávez and Maduro governments. Four of the opposition’s five elected governors, all belonging to AD, disobeyed party orders by agreeing to take their oath in front of the Chavista-dominated National Constituent Assembly. 
Important differences and tensions between the radical opposition and Falcón arose during his presidential campaign. Chavista leader Diosdado Cabello told journalist and former leftist presidential candidate José Vicente Rangel: “The worst that has been said about Falcón has not been by us, but rather the opposition.” In an example of ugly name-calling, two renowned international journalists who sympathize with the Venezuelan radical opposition – Andrés Oppenheimer[1] and Jaime Bayly[2] of Peru – called Falcón a two-time “traitor”: first he broke with Chávez (after being elected governor of Lara) and then with former opposition presidential candidate Henrique Capriles (after serving as his campaign manager). 
Behind the conflict among the anti-Chavistas, there is a glaring fact. Venezuela is divided in three, not two, camps: the radical opposition, the Chavistas, and a middle ground lacking in well-organized leadership. A sizeable percentage of the population opposed to Maduro firmly rejects the type of street protests carried out in 2014 and 2017 known as the guarimba that resulted in widespread disruption and violence. These Venezuelans are equally opposed to the U.S. economic sanctions imposed on the nation with the encouragement of the radical opposition. According to the polling firm Hinterlaces, 71 percent of the population is in disagreement with international sanctions to oust Maduro from office.[3]  
The above-mentioned “middle ground” opposes the disruptive “guarimba” protests and the economic sanctions, both associated with the radical opposition. This is the space that was occupied by Falcón throughout the campaign.  
At this moment, Maduro’s priority task is to minimize the effects of both of these threats. The day after the elections Trump, as expected, issued an executive order tightening the financial sanctions, but the real source of alarm is the possibility of an oil embargo currently under study by the State and Treasury Departments and the National Security Council. Also on May 21, street disturbances against the elections broke out in various cities, signaling the possibility of a reenactment of the guarimba at the national level at a time when Venezuela is even more isolated than a year ago. 
The “Economic War”
The issue of foreign-imposed sanctions has the potential to unify much of the nation while isolating the radical opposition, which supports the measures. But for this to happen, the government needs to improve its communication strategy by documenting the concrete ways that the sanctions are affecting the economy. Government rhetoric too often harps on the “economic war” against Venezuela in the abstract without going beyond slogans and pointing to the specifics. 

Radical opposition leaders flatly deny that the economic sanctions are at all related to Venezuela’s economic difficulties, which they attribute exclusively to Maduro’s mistaken policies and corruption. Others recognize that the sanctions complicate matters for the Venezuelan government but claim they have had “limited”[4] effect, a position which often serves to place the lion’s share of the blame for the nation’s economic problems on Maduro.  Government errors and politically motivated economic disruption, however, are not mutually exclusive. 
There is much evidence to debunk the radical opposition’s claim that the sanctions and the “economic war” in general have had a negligible effect. In an article in Foreign Policy, Falcón’s chief economic advisor Francisco Rodríguez argues that the sanctions have inflicted considerable harm on the Venezuelan economy. He points out that Venezuelan companies such as CITGO have been unable “to get U.S. financial institutions to issue routine trade credit since sanctions were imposed” and that the measures risk “turning the country’s current humanitarian crisis into a full-blown humanitarian catastrophe.”[5]
Equally or more important than the sanctions per se is the message that the executive orders issued by Obama and Trump sends to private capital. No U.S. company can ignore the seriousness of a statement by its nation’s president that a foreign government represents an “extraordinary threat to national security” (in the words of Obama) or that it is involved in drug trafficking and money laundering. 
In a similar vein, Miami’s El Nuevo Herald revealed that National Assembly president and leader of the radical opposition Julio Borges systematically contacted banks throughout the world in order to enhance the effectiveness of the U.S. imposed sanctions. Borges warned financial institutions that “doing business with a dictatorship that violates human rights” would convert them into “accomplices” and would endanger their “image.”[6] Needless to say, Borges’ words amounted to a veiled threat.
One of the multiple effects of Washington’s campaign against the Venezuelan government is the corporate exodus of recent years, which includes Clorox, Kimberly-Clark, Ford, Colgate Palmolive, General Mills and General Motors. Although the companies blamed the Maduro administration for their decision, political and economic motives in situations like these are always mixed and difficult, if not impossible, to untangle.[7]  The Chavistas view the exodus as an expression of the “economic war.” When Kellogg’s shut down operations on the eve of the May 20 elections, Maduro remarked that company executives “believe people are going to get scared”[8] and thus refrain from voting for him. 
Acknowledging the problem of inefficiency, corruption and mismanagement should not detract from the recognition that Washington’s hostile actions have impacted the Venezuelan economy in major ways. The oil industry is a case in point. Unethical practices in the industry have been well documented by Attorney General Tarek William Saab, who was appointed in August 2017 and immediately denounced corrupt dealings resulting in numerous arrests of top executives of the state oil company PDVSA. But the company has also been a victim of the sanctions which have affected its relationship with major oil service providers such as Baker Hughes, Halliburton, and Schlumberger. In order to avoid a direct relationship with PDVSA, these U.S. companies now work through an intermediary firm which rent their equipment and hire their personnel while taking a fair cut of the profits. At the same time, Chevron, which is the only U.S. oil company with a major presence in Venezuela, has refrained from making significant investments over the recent past. 
The Moderate versus Radical Opposition
Following the May 20 elections, various opposition spokespeople called for unity among the anti-Chavistas. AD’s Laidy Gómez, governor of the state of Táchira, declared: “This is not the moment for us to lay blame on one another. We have a common enemy to confront.” Achieving such unity, however, will not be easy given the profundity of the differences separating those who called for an electoral boycott and those favoring participation. 
A look at the differences sheds light not only on the chasm between opposition “moderates” and radicals, but also the different ways ordinary Venezuelans view key political issues. The contrast between the two camps also suggests the feasibility of an understanding or convergence involving the Chavistas in power and the opposition moderates, at least on certain issues. 
Boycott versus participation. The radical opposition, the Trump administration and much of the corporate media label the Venezuelan electoral process “fraudulent,” which refers to manipulation in the counting of votes. Over the years, the opposition has used the term loosely. Nevertheless, the nation’s voting system is based on simultaneous manual and electronic procedures as well as auditing in over 50 percent of the voting centers. Furthermore, on May 20, as in past elections, opposition representatives at all voting centers signed documents validating the process. Falcón’s supporters, fearful that the use of the term “fraud” would discourage voting, limited their concerns to irregularities and the lack of a level playing field. Falcón’s objections on May 20 included the one-sided coverage of the state-run media, the claim that assisted voting conducted for the elderly lent itself to voter manipulation, and the location of Chavista stands known as “puntos rojos” within the 200-meter parameter of voting centers in violation of electoral norms. Falcón’s one accusation of a practice that appeared to have had a potential to influence significantly results was the effort to sway voters with the prospect that they would receive a bonus if they went to the polls (though the secrecy of the voting process was never seriously questioned). 
No to impunity. The opposition radicals openly call for the purging of the state apparatus in order to eradicate corruption at all levels. In contrast, Falcón’s strategy was clearly designed to win over discontent Chavistas. Falcón pledged he would decree a moratorium on layoffs in the public administration while his Avanzada Progresista party indicated that if elected its candidate would consider retaining Maduro’s Defense Minister Vladimir Padrino López, a Chavista stalwart, in his post.   
The road to power. The decision of the opposition radicals to boycott the elections reflects their skepticism regarding the feasibility of achieving their objectives, including neoliberal structural reforms, through electoral means. In early 2016 when a campaign was underway to collect signatures for a presidential recall, the radical Voluntad Popular party led by jailed Leopoldo López advocated the calling of a constitutional assembly. Its argument was that removing the president and electing a new one would not ensure the achievement of the thoroughgoing changes that the nation needed. 
Underlying the radicals’ hard-line position on elections was the strategy for the complete undoing of the changes implemented by Chávez and their replacement with neoliberalism, shock-treatment style. Among the changes was the privatization of strategic sectors of the economy which the current constitution of 1999 prohibits. The approach of the opposition radicals, which implied a major shakeup possibly by forceful means, contrasted with that of the Falcón candidacy, which emphasized peaceful change and associated the electoral boycott promoted by the opposition with the likelihood of violence. 
International “solidarity.” Falcón and his supporters questioned, albeit timidly, the radicals’ emphasis on foreign support for their cause and adamantly ruled out foreign military intervention, while insinuating that those boycotting the elections left open the option. In the words of Copei’s historical leader Eduardo Fernández, we welcome the “solidarity of the international community but… in the end the solution to the problems of Venezuela correspond to us.”[9] 
Maduro’s limited options. 
José Vicente Rangel, who occupied various top positions under Chávez including the vice-presidency, has long been the foremost advocate of promoting dialogue with sectors of the opposition. The issue manifests itself in internal rivalry within the governing United Socialist Party (PSUV) between the two main long-standing factions headed by Maduro and hard-liner Diosdado Cabello. At one point, the Cabello faction had hoped that he would be the party’s presidential candidate, a proposition publicly expressed by national leader Francisco Ameliach. But in recent months, Cabello’s faction as well as others outside of the Maduro circle have seen their influence somewhat diminished, partly because of the anti-corruption campaign spearheaded by Tarek William Saab. 
The national dialogue that Maduro called for on May 22 is nothing new. In fact the proposal dates back to the months of the guarimba protests in 2014. But the emergence of a new, more moderate reference point within the opposition camp as a result of the Falcón candidacy enhances the plan’s chances of success. Throughout the campaign Falcón performed a balancing act between demonstrating to the opposition that he was not soft on the government and trying to attract discontent Chavistas. The future of his movement is very much up in the air.
The neoliberal formulas put forward by Falcón including mass privatization, agreements with the IMF and the dollarization of the economy are not common denominators for the Chavista government to build on. But there is one key issue that can bring the two sides together. If Maduro attempts to link the nation’s price structure to market conditions in order to combat rampant inflation, he will need political support and such an effort would be perfectly compatible with the Falcón camp’s economic positions. 
Politics is all about knowing when to act, and this is especially applicable to leftists in power. Maduro’s options are limited given Venezuela’s isolation on the international stage, the direness of the economic situation and the level of discontent in the nation. But Maduro has just won a victory and thus needs to take advantage of the moment; solutions to the nation’s pressing problems require bold moves. In the past, Maduro has failed to take advantage of favorable moments, but after five years as president he may have learned the importance of timing. Whether this is the case will be evident in the coming days. 

Steve Ellner has been a NACLA contributor since the late 1980s. His most recent article, “Implications of Marxist State Theory and How They Play Out in Venezuela” appeared in the journal Historical Materialism. He is the editor of the Latin American Perspectives issue “Latin America’s Progressive Governments: Separating Socio-Economic Breakthroughs and Shortcomings,” slated for January 2019.














Sunday, May 20, 2018

Class Cleavages in Today’s Voting in Venezuela


Voting centers in middle class areas did not have the usual lines of people waiting to vote. On the other hand, in the popular sectors, small towns and rural areas there generally seems to be a fair-size turnout. This photo was taken outside a school which serves as a voting center in Tronconal, Barcelona at nearly noontime which is way after the peak hour for voting – which is much earlier in the morning. Opposition spokespeople are claiming that there was massive voting abstention, but their claim is undoubtedly based on the middle class areas they frequent and where they count on greater support.

Thursday, May 17, 2018

LOS GOBIERNOS QUE ENFRENTAN EL INTERVENCIONISMO EXTRANJERO: Un debate muy lejos de ser abstracto o irrelevante


Las fuerzas de reacción han logrado una hegemonía contundente a nivel gubernamental, sin paralelo desde los días de Metternich: en la mayor parte de Europa, América Latina, los EE UU, las Islas Filipinas, Australia, etc. Como resultado, las opciones para los gobiernos de izquierda son más limitadas que hace una década. Cuando Chávez era presidente, contaba con el apoyo gubernamental del resto de América Latina casi en su totalidad. Ahora, con Maduro, la situación es lo contrario. 
Los gobiernos progresistas ahora se ven en la necesidad de seguir una política más pragmática, y de aprovecharse de los aliados y semi-aliados, cuando es posible. En este contexto, creo que la izquierda debe ocupar un terreno medio entre dos extremos: uno es lo que llamo “el utopianismo de la izquierda” y el otro “el ultra-pragmatismo”. El “utopianismo de la izquierda” se caracteriza por una mentalidad purista que ignora los contextos. Esta posición no conduce a nada y por cierto fue rechazada por Marx en sus escritos polémicos en oposición a los socialistas utópicos. Para los “utopistas de la izquierda”, la política es “todo o nada”. No están interesados en determinar el grado de gravedad de los errores cometidos por los gobiernos progresistas y condenan a todos como “vendidos”.  Un ejemplo de la falla de esta línea de pensamiento es lo siguiente: la crítica a las políticas “populistas” de los gobiernos progresistas por suministrar dádivas a los grupos no-privilegiados a costa del desarrollo económico no puede recibir el mismo peso que las críticas a la privatización de las industrias estratégicas llevada a cabo por la derecha. 
“El utopianismo de la izquierda” en la segunda década del siglo 21 se manifiesta en la posición que condena a Rusia y a China por sus intenciones imperiales y, en efecto, los coloca en el mismo saco con los EE UU. Como Rusia y China ya no son socialistas, y ni siquiera democráticas, y tienen ambiciones globales, entonces lógicamente ellos tienen que ser países imperialistas y no pueden ser menos destructivos y peligrosos que los EE UU. Pero el hecho es que ninguno de esos dos países se comporta como las potencias europeas antes de la Primera Guerra Mundial descritas por Lenin, ni tampoco como los EE UU desde 1946. Además, ni Rusia ni China tienen bases militares en todas partes del mundo, y ambas proveen apoyo político y económico a los gobiernos progresistas como Venezuela. Aunque los acuerdos bilaterales económicos de China y Rusia pueden favorecer sus propios intereses, no vienen con condiciones que promueven la dependencia y las políticas anti-populares, como es el caso del FMI, el Banco Mundial y el gobierno de Washington. En contraste, los EE UU tiene vínculos estrechos con gobiernos conservadores, reaccionarios y represivos como el de Arabia Saudita, Egipto y Colombia, y abiertamente promueve la salida de gobiernos que considera contrarios a sus intereses nacionales (como ha hecho en Libia, Iraq, Afganistán y Venezuela). Por cierto, bajo el gobierno de Donald Trump, el argumento referente a la necesidad de defender los “intereses nacionales” de los EE UU ha sido una justificación para la intervención extranjera cada vez más pronunciada. 
Otra manifestación del “utopianismo de la izquierda” y el purismo es la condena total a los gobiernos progresistas que enfrentan una campaña de desestabilización promovida por Washington. Esta posición, a menudo correctamente, apunta a los aspectos negativos de esos gobiernos incluyendo el pragmatismo excesivo (o “oportunismo”), el populismo crudo, y la corrupción, pero termina colocándolos en la misma categoría que los partidos estrechamente aliados con Washington. En el proceso, la posición del “utopianismo de la izquierda” ignora los aspectos positivos. Además, el “utopianismo de la izquierda” no reconoce que los errores cometidos por los gobiernos progresistas son, en gran parte, sobre-reacciones a las acciones ilegales y semi-legales de una oposición con recursos inmensos provenientes de la burguesía local y las potencias extranjeras. 
Al extremo contrario es el “ultra-pragmatismo” que se abstiene a criticar a los gobiernos que enfrentan al imperialismo norteamericano. Esta posición tiene varias vertientes. Una se basa en lo que se llama “realpolitik” o el realismo en la política extranjera. Alega que los gobiernos progresistas de los países del tercer mundo y los relativamente pequeños son impotentes frente a las realidades globales, específicamente la presión proveniente de las superpotencias hegemónicas, o sea los EE UU y los países de Europa Occidental. La única estrategia viable es la cultivación de relaciones amistosas con una superpotencia emergente, específicamente Rusia y China. Frente las exigencias globales, las políticas domésticas de los países vulnerables son de consideración secundaria. Otra versión del “ultra-pragmatismo” es la noción que los izquierdistas de los EE UU y otros países del norte deben abstenerse de formular críticas de cualquier tipo a los gobiernos progresistas que están siendo amenazados por el imperialismo. Como los izquierdistas del norte no son ciudadanos de esas naciones, no tienen derecho de criticarlos. Además, como esos gobiernos están siendo sitiados, cualquier crítica de ellos mina el esfuerzo de defender la soberanía nacional. 

Rechazo la posición ultra-pragmática por varias razones. Lo más importante es que los gobiernos progresistas en América Latina en el siglo 21 han cometido graves errores en un contexto democrático, que son temas de mucha trascendencia para la izquierda en todos los países democráticos, tanto en el norte como el sur. Aunque esos errores a menudo son sobre-reacciones a las campañas desestabilizadoras llevadas a cabo por las fuerzas de reacción, sin embargo, los errores tienen que ser analizados y las lecciones asimiladas. Este proceso de aprendizaje no es académico o superfluo, sino es un imperativo de gran importancia. No es suficiente para la izquierda rechazar las políticas populistas con el único argumento que impiden el desarrollo económico. Las razones por las cuales los gobiernos han recurrido a las políticas populistas tienen que ser consideradas, conjuntamente con alternativas realistas. En breve, hay una necesidad urgente del análisis objetivo serio de las situaciones complejas que enfrenta la izquierda en el poder, y el proceso de revisión no puede ser exclusivo de los ciudadanos de cada país respetivo.  

Además, el ultra-pragmatismo de la izquierda ignora el hecho de que los izquierdistas, a través de la historia, siempre han sido caracterizados por la motivación idealista. Las posiciones principistas que asumen, y su comportamiento ejemplar y sacrificios, los distinguen de aquellos ubicados en otra parte del espectro político, e históricamente, han sido su punto fuerte. Por eso, hay una razón “pragmática” por la cual la izquierda no puede pasar por alto, o minimizar la gravedad, de la corrupción y el comportamiento oportunista en general. Cualquier vacilación en este sentido desacredita la izquierda y la despoja de una de sus banderas más importantes: la honestidad. 

Finalmente, la izquierda no puede perder de vista el hecho que China y Rusia son aliados coyunturales. Los comunistas ortodoxos tienden a tener más simpatía para China que para Rusia. Pero en ambas naciones, su sistema económico no es conducente a la solidaridad internacional (en contraste con los esfuerzos del gobierno cubano en el transcurso del último medio siglo) y su sistema político no es un modelo para emular. A veces, parece que los “ultra-pragmatistas” ignoran estas consideraciones.


El Presidente Maduro y la dirigencia chavista en general no sirven como fuente de inspiración internacional como fue el caso de Chávez. Sin embargo, contrario al pensamiento de los “utopistas izquierdistas”, los rasgos positivos del gobierno de Maduro deben ser señalados, no solamente porque contrarrestan la cobertura engañosa de los medios comerciales de comunicación, sino porque realzan la efectividad de la muy necesaria solidaridad internacional. Estas consideraciones “pragmáticas” tienen que ser tomadas muy en cuenta en cualquier discusión sobre el anti-imperialismo en el siglo veintiuno.

Este artículo mío fue originalmente publicado por ZNET y en español por Rebelion.org. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241695  


Traducido al español con la ayuda de José Gregorio Tovar y Carmen Sánchez Ellner. 

Saturday, May 12, 2018

AN OBJECTIVE ANALYSIS OF GOVERNMENTS FACING FOREIGN MEDDLING RAISES ISSUES THAT ARE FAR FROM ABSTRACT AND IRRELEVANT: The case of Venezuela


I received mixed comments on a recent blog piece I posted on the situation in Syria, including some unfriendly criticism, which is OK especially considering the emotional nature of the subject. Since my knowledge of the Mid East is admittedly limited, I would not have written a follow-up had it not been for the fact that the points I raised in the piece are applicable to the Pink Tide nations in Latin America, and Venezuela in particular. For that reason I would much appreciate comments on my second piece (which is sort of a response to the critical comments I got on my first post).  

The discussion very much influences my thoughts about the current situation in Venezuela. The issue is not just about a blanket rejection of imperialist intervention wherever it occurs. It's about how to evaluate governments that are putting up resistance to foreign intervention and that (as I believe to be the case of Venezuela) have some positive features but also some very negative ones (specifically, considerable corruption and lack of internal democracy within their respective political movements). In addition, how do we evaluate the support that those governments are receiving from China and Russia? And finally, does the very real problems those nations are facing and the resultant hardships feed into the TINA narrative that real change, including socialism, doesn't work and is thus a lost cause?  These are not abstract or secondary issues. They are key to determining the effectiveness of the solidarity work carried out by progressives throughout the world.


My second piece was posted on ZNET: https://zcomm.org/znetarticle/support-for-governments-under-imperialist-siege/

Monday, May 7, 2018

SUPPORT FOR GOVERNMENTS UNDER IMPERIALIST SIEGE (Syria, Venezuela, Nicaragua, etc.): JUST HOW FAR DO WE GO?

A recent post of mine on the situation in Syria (http://steveellnersblog.blogspot.com/2018/04/in-conflict-in-syria-there-doesnt-seem.html) led to some interesting and critical comments coming both from those who felt I was too hard on Assad and Russia and those who felt I was letting them off the hook. The position I presented reflects my view of the current situation worldwide. As is often the case, the issue of Syria has to be placed in a broader, in this case global, context. Contextualization is fundamental for the achievement of an objective analysis and evaluation of the Syrian government and others that confront U.S.-promoted intervention, put forward an anti-imperialist discourse, and (in some cases) raise socialist banners, such as Nicaragua, Venezuela and Libya under Gaddafi. 
The forces of reaction and conservative movements have not enjoyed such world-wide hegemony at the state and transnational levels since the days of Metternich: throughout Europe, throughout Latin America, the U.S., the Philippines, Australia, etc. As a result, the options for leftist governments are more limited than was the case a decade ago. When Hugo Chávez was president, he counted on the support of Latin America as a whole. Now with Maduro, the situation is the opposite.

As a result, progressive governments see the need to follow a more pragmatic strategy than in the past, and take advantage of allies and semi-allies wherever possible. In this context, I believe that leftists need to occupy a middle ground between two extremes: one is what I call “leftist utopianism” and the other “ultra-pragmatism.” “Leftist utopianism” is characterized by a purist mentality that ignores contexts. It leads nowhere and indeed was rejected by Marx in his polemical writings in opposition to the utopian socialists as well as the Young Hegelians. 

 “Leftist utopianism” takes an all-or-nothing approach. It thus refrains from attempting to determine the relative seriousness of the errors of progressive governments, and ends up condemning all of them as sell-outs. Such an intransigent position is excessive. Thus, for instance, criticism of the populist policies of progressive governments that go overboard in providing handouts to non-privileged groups cannot be given the same weight as the privatization of strategic sectors of the economy carried out by the right. 

Leftist utopianism in the second decade of the twenty-first century manifests itself in the position that condemns Russia and China for their imperialist motivations and, in effect, lumps them in the same category as the U.S. Since Russia and China are not socialist and not even democratic, and have global ambitions, then ipso facto they must be imperialist powers and can’t be any less destructive and harmful than the U.S. But the fact of the matter is that neither of these two countries behaves like the pre-World War I European powers described by Lenin, nor like the U.S. since 1946. Neither Russia nor China has military bases scattered throughout the world and both have provided political and economic support for progressive governments such as Venezuela. Furthermore, China’s and Russia’s bilateral economic deals may favor their own interests but do not attach strings fostering dependence, as in the case of the IMF, World Bank and Washington. In contrast, the U.S. has close and powerful military ties with repressive and reactionary or conservative governments such as Saudi Arabia, Egypt and Colombia, and openly promotes regime change against governments they consider contrary to its national interests (as it has done in Libya, Iraq, Afghanistan, Iran, and Venezuela). Indeed, under Trump, the argument of the need to defend U.S. “national interests” has increasingly become an explicit justification for U.S. intervention abroad. 

Another manifestation of “leftist utopianism” and purism is the blanket condemnation of progressive governments that are facing a destabilizing campaign promoted by Washington. This position correctly points to the blunders, excessive pragmatism (or “opportunism”), crass populism and large-scale corruption of these governments, but ends up placing them in the same sack as the opposition closely tied to Washington. In the process, the “leftist utopian” position ignores their positive features. It also fails to recognize that the errors that are being committed by progressive governments are largely overreactions to the aggressive illegal and semi-legal actions of an opposition with immense resources supplied by the local bourgeoisie and foreign powers. 

The opposite extreme is “ultra-pragmatism” which refrains from criticizing governments that confront U.S. imperialism. This position has several strands. One is based on an outlook that emphasizes realpolitik. It claims that progressive governments of third-world nations and relatively small ones are impotent in the face of global realities, specifically pressure from the world’s hegemonic superpower, namely the United States. The only viable strategy that can be pursued is the befriending of an emerging superpower, specifically Russia and China. In the face of these global imperatives, the domestic policies of these vulnerable nations are of secondary consideration. A second version of “ultra-pragmatism” is the notion that leftists in the U.S. and elsewhere should refrain from leveling criticism of any nature at progressive governments under siege. Since first world leftists are not citizens of those nations, they have no right to voice criticism. In addition since those governments are under imperialist attack any criticism of them undermines the effort to defend national sovereignty. 

I reject the ultra-pragmatic position for various basic reasons. Most important, twenty-first century progressive governments in Latin America have committed serious errors in a democratic context, which are topics of great importance to the left in all democratic nations, both developed and underdeveloped. Even though the errors are often overreactions to disruptive campaigns carried out by the forces of reaction, nevertheless, the errors have to be analyzed and assimilated. Such a learning process is not academic or superfluous, but rather is an overriding imperative. It is not enough for leftists to reject the populist policies of progressive governments with the sole argument that they impede economic development. The reasons progressive governments have reverted to populist policies have to be considered, and realistic alternatives formulated.  In short, serious objective analysis of the complex situations facing the left in power is urgently needed and the examination process cannot be the exclusive preserve of the citizens of each respective nation. 

In addition, ultra-pragmatism on the left ignores the fact that leftists throughout history have always been characterized by idealistic motivation. The principled positions they assume and their exemplary behavior and sacrifices distinguish them from those located elsewhere on the political spectrum, and have historically been their strong point. There is thus a “pragmatic” reason why corruption and opportunistic behavior in general cannot be condoned or overlooked. Any indecisiveness along those lines discredits the left and robs it of one of its most powerful banners.

Finally, the left cannot lose sight of the fact that China and Russia are merely circumstantial allies. The orthodox communists tend to be more sympathetic to China than Russia. But in the case of both nations, their economic systems are not conducive to international solidarity (in contrast to the efforts of the Cuban government over the last half a century) and their political systems hardly represent role models. The “ultra-pragmatists” sometimes appear to ignore these plain facts.

President Maduro and the Chavista leadership do not serve as a source of inspiration, as did his predecessor Chávez. But contrary to the thinking of “leftist utopianism,” the positive features of Maduro’s government need to be raised not only because they counter the deceptive coverage of the commercial media, but because they enhance the effectiveness of much-needed international solidarity. These “pragmatic” considerations need to be brought into the picture in any discussion over anti-imperialism in the twenty-first century.